Si tienes un piso en Airbnb, una casa rural o cualquier alojamiento que alquilas por días o semanas, esta noticia te afecta. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre el reglamento que creó el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital para el alquiler de corta duración, y su sentencia obliga a revisar cómo se estaba aplicando esta normativa.
¿De qué va todo esto?
A finales de 2024, el Gobierno aprobó un real decreto que obligaba a registrar todos los alojamientos de alquiler turístico o de corta duración en un registro centralizado. La idea era que propietarios, plataformas digitales y administraciones tuvieran un sistema común de información sobre estos arrendamientos.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recurrió ese decreto ante el Tribunal Supremo alegando, en esencia, que el Estado se había extralimitado en sus competencias: el turismo y gran parte de lo que regula esa norma son materias que corresponden a las comunidades autónomas, no al Gobierno central.
El Tribunal Supremo les ha dado la razón, al menos en parte. La sentencia estima parcialmente el recurso y anula determinados aspectos del reglamento por considerar que vulneran el reparto de competencias entre el Estado y las autonomías.
¿Qué significa esto en la práctica?
Para los propietarios y pequeñas empresas que gestionan alojamientos de corta duración, esta sentencia tiene varias consecuencias importantes:
- Incertidumbre regulatoria a corto plazo: con parte del reglamento anulado, no está del todo claro qué obligaciones de registro siguen vigentes y cuáles han quedado sin efecto. Es un momento de transición.
- El papel de cada comunidad autónoma cobra más peso: si la normativa estatal queda recortada, serán las autonomías las que regulen con más libertad este tipo de alquileres en su territorio. Lo que se exija en Aragón puede diferir de lo que pida Murcia, Cataluña o Madrid.
- Las plataformas digitales también están en el foco: el decreto imponía obligaciones a plataformas como Airbnb o Booking para compartir datos. La sentencia puede afectar al alcance de esas obligaciones.
- No desaparece la obligación de registrarse: lo que se anula son ciertos aspectos del procedimiento y el modelo concreto del decreto, no la idea general de que los alojamientos turísticos deben estar registrados y cumplir la normativa aplicable.
¿Qué deberías hacer si tienes un alojamiento de alquiler turístico?
Con carácter general, lo más prudente es actuar con cautela y no dar nada por sentado. Algunos puntos a tener en cuenta:
- Revisa qué normativa autonómica te aplica. En Aragón, la regulación del alquiler turístico tiene sus propias reglas, y estas siguen vigentes con independencia de lo que ocurra con el decreto estatal.
- No abandones los registros ya realizados. Si ya cumpliste con las obligaciones del decreto, eso no te perjudica; lo que cambia es lo que puede exigirse a partir de ahora.
- Estate atento a novedades. Tras una sentencia de este calado, es habitual que el Gobierno adapte la normativa o apruebe una nueva regulación. Los cambios pueden llegar en los próximos meses.
- Consulta si tu actividad necesita licencia o autorización específica. El registro no es el único requisito: según el municipio y la comunidad autónoma, puede haber otras exigencias urbanísticas o de actividad.
¿Y si gestiono varios inmuebles o tengo una empresa de alquiler vacacional?
Para quienes gestionan varios alojamientos o tienen una estructura empresarial detrás, la situación es aún más relevante. Las obligaciones de información, los contratos con las plataformas y la fiscalidad de estos rendimientos pueden verse afectados por los cambios que se produzcan. En estos casos, contar con asesoramiento jurídico actualizado no es un lujo, sino una forma de evitar sanciones y problemas futuros.